El conflicto universitario escala a un punto de no retorno. Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y un ajuste implacable que licúa los salarios, los gremios docentes y nodocentes ratificaron la continuidad del plan de lucha. Sin diálogo oficial a la vista, la comunidad educativa avanza hacia una nueva Marcha Federal Universitaria.
La situación es crítica. Federaciones como FEDUN, CONADU, FATUN y CTERA, entre otras, han denunciado que el Poder Ejecutivo no solo ignora los reclamos, sino que implementa aumentos unilaterales sin pasar por paritarias libres. Para los trabajadores del sector, la pérdida del poder adquisitivo ya requiere una recomposición cercana al 50% solo para empatar la inflación desde finales de 2023.
El gobierno de Javier Milei mantiene una postura de oídos sordos, ignorando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta falta de reacción no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que pone en riesgo el funcionamiento básico de las 60 universidades nacionales del país.
El frente sindical universitario confirmó que las medidas de fuerza se profundizarán durante las próximas semanas:
- Paro total de actividades: Se registran suspensiones de clases y tareas administrativas en todo el país.
- Semana de visibilización: Jornadas regionales para exponer la crisis presupuestaria.
- Nueva Marcha Federal: Se proyecta para el 23 de abril, buscando unir a docentes, nodocentes y estudiantes en una movilización masiva.
Los más perjudicados por este escenario son los estudiantes. Con facultades que directamente no pueden abrir sus puertas por la falta de personal nodocente y docentes que no alcanzan a cubrir la canasta básica, la continuidad académica está rota.
No se trata solo de días de clase perdidos; es la degradación del sistema que permite el ascenso social en Argentina. Sin salarios dignos ni presupuesto para infraestructura, el derecho a la educación superior pública y gratuita se vuelve una cáscara vacía.
El mensaje de los gremios es claro: «No hay universidad de calidad sin salarios dignos». Mientras tanto, el reloj corre y el Gobierno sigue sin dar señales de querer salvar la educación pública.
