La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó este viernes las oficinas de la TV Pública. El operativo, ordenado por la justicia federal, busca documentación sobre los contratos de Marcelo Grandio, el periodista vinculado al pago del vuelo privado que trasladó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia a Uruguay.
La investigación se aceleró tras la declaración del piloto Agustín Issin, quien afirmó ante el juez Ariel Lijo que el costo del traslado —estimado en 10 mil dólares por tramo— no fue cubierto por el funcionario, sino por Grandio.
Los puntos clave de la causa:
- Contratos bajo la lupa: La justicia busca determinar si existen irregularidades o «retornos» en los contratos de Grandio con el canal estatal.
- Presunta dádiva: Se investiga si el pago del viaje constituye un beneficio ilegal hacia un funcionario público.
- La postura oficial: Adorni aseguró que no tiene «nada que esconder» y que la información está a disposición de los organismos de control.
El caso pone bajo presión al jefe de Gabinete, mientras la Justicia intenta descifrar el origen de los fondos para financiar un vuelo de alta gama en un avión Honda Jet.
