En una jornada sombría para los derechos de las infancias, el Senado de la Nación convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Bajo la narrativa de la «mano dura», el oficialismo y sectores aliados profundizaron un modelo punitivista que apunta contra los eslabones más débiles del sistema.
Los puntos clave del nuevo régimen: Los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser procesados penalmente por delitos que prevean penas mayores a dos años. Se establece un tope máximo de 15 años de prisión para menores, eliminando la posibilidad de la reclusión perpetua. La ley prioriza el internamiento en establecimientos especializados, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que esto no garantiza la resocialización. Esta reforma, para el gobierno libertario, busca agilizar los tiempos de la justicia juvenil, muchas veces a costa de las garantías constitucionales.
La sanción de esta ley de «Responsabilidad Penal Juvenil» ignora las recomendaciones de organismos internacionales y de la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Mientras la dirigencia política se jacta de este «logro», las estadísticas demuestran que los delitos cometidos por menores de 16 años representan una fracción ínfima del total de hechos delictivos.
Estamos ante una medida puramente demagógica: se elige castigar al adolescente que el Estado ya abandonó previamente al no garantizarle salud, educación ni alimentación. La «solución» que ofrece el Gobierno de Milei es la cárcel, un sistema que en Argentina funciona más como un depósito de personas que como un espacio de recuperación.
Nuevamente, el escenario muestra una dirigencia política que cede ante el discurso del miedo. Al igual que con la reforma laboral, la falta de una oposición firme y la ausencia de políticas de fondo para la niñez dejan a la deriva a miles de jóvenes. La baja de imputabilidad no bajará el delito; solo aumentará la población carcelaria y la estigmatización en los barrios populares.
