En una sesión que quedará marcada como un retroceso sin precedentes para la clase trabajadora, el Senado de la Nación convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Con 42 votos afirmativos, el oficialismo y sus aliados impusieron un esquema de flexibilización extrema que colisiona con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional..
El fin de la estabilidad: los puntos más críticos de la ley
La nueva normativa no «moderniza» las relaciones laborales, como sostiene el discurso oficial, sino que desmantela protecciones ganadas tras décadas de lucha sindical. Entre los puntos que generan mayor alarma por su carácter regresivo e inconstitucional se encuentran:
- Jornadas de hasta 12 horas: Se habilita la creación de un «Banco de Horas», permitiendo extender la jornada diaria hasta las 12 horas, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre turnos. Esto liquida de hecho la jornada de 8 horas y el pago de horas extras tradicionales.
- Indemnizaciones «a la carta»: Se introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema similar al de la UOCRA donde el empleador aporta mensualmente para cubrir un futuro despido. Además, se excluyen el aguinaldo y bonos del cálculo de la indemnización base.
- Período de prueba extendido: El plazo actual de 3 meses se estira a 6 u 8 meses, dependiendo del tamaño de la empresa, facilitando el despido sin costo durante casi un año de trabajo.
- Blanqueo sin sanciones: Se eliminan las multas por falta de registro laboral, lo que en la práctica desincentiva el cumplimiento de la ley y premia a quienes mantuvieron trabajadores en la informalidad.
Desde diversos sectores jurídicos y sindicales se advierte que la ley es abiertamente inconstitucional. Al permitir que los convenios colectivos pierdan vigencia si no se renegocian (eliminando la ultraactividad automática), se deja al trabajador en una situación de total vulnerabilidad frente al empleador.
Asimismo, la creación de la figura del «trabajador independiente con colaboradores» permite que un autónomo contrate hasta 5 personas sin relación de dependencia, encubriendo lo que técnicamente es un fraude laboral masivo.
La CGT ya anunció que no se quedará de brazos cruzados. Tras descartar un paro para el día de la votación, la central obrera confirmó una movilización para este lunes 2 de marzo hacia Plaza Lavalle. El objetivo es realizar una presentación judicial masiva para declarar la inconstitucionalidad de la reforma, apelando al principio de progresividad que impide al Estado retroceder en materia de derechos ya adquiridos.
Para los trabajadores, la «puerta del infierno» parece haberse abierto con una ley que prioriza la rentabilidad empresarial sobre la dignidad humana.
