El costo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no da tregua. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta instalar un relato de inflación controlada, la realidad en los hogares cuenta una historia muy distinta: en marzo, una familia tipo necesitó $213.557 solo para cubrir los servicios básicos de electricidad, gas, agua y transporte.
Este incremento del 11,4% respecto a febrero confirma que las tarifas públicas corren muy por encima del promedio de precios, profundizando el desastre económico para la clase trabajadora.
El dato más alarmante que surge del informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA-Conicet) es el peso de estos servicios sobre los ingresos. Actualmente, una décima parte del salario promedio registrado se destina exclusivamente a pagar boletas y viajar.
A diferencia de otros momentos, este salto no se debe a un mayor consumo estacional, sino estrictamente al ajuste en los cuadros tarifarios y la quita de subsidios. Mientras los sueldos permanecen virtualmente congelados o con aumentos que no alcanzan a compensar el costo de vida, las familias quedan atrapadas en un espiral de deudas para poder cubrir lo esencial.
El rubro que más golpea el bolsillo es el transporte público. Con un gasto promedio de $101.026, ya representa casi el 50% del presupuesto total destinado a servicios básicos en un hogar.
Los aumentos acumulados superiores al 30% en las líneas de jurisdicción nacional han empujado al boleto promedio a niveles críticos. Sin embargo, la amenaza de nuevos tarifazos sigue latente: el informe advierte que el «costo real» de un viaje en colectivo asciende a $1.811, lo que anticipa más presión sobre los usuarios en los meses venideros.
El desglose de la canasta de servicios muestra subas implacables en todos los frentes:
- Gas: El costo promedio saltó a $28.025 (un 14% más), impulsado por la suba de cargos fijos.
- Agua: Con un gasto de $35.045, registró un aumento del 12,6%.
- Electricidad: Promedia los $49.462 para usuarios sin subsidio.
La pérdida de poder adquisitivo es innegable. Hace apenas un año, un salario promedio alcanzaba para pagar 9,3 canastas de servicios; hoy, esa capacidad cayó a 8,1.
Para la clase trabajadora, la gestión de Milei se traduce en una transferencia directa de ingresos desde los hogares hacia las empresas de servicios. Mientras el Gobierno celebra números macroeconómicos alejados de la gente, las familias del AMBA enfrentan la cruda realidad de elegir qué servicio dejar de pagar para poder comer.
