En las últimas semanas, el presidente Javier Milei ha escalado la tensión diplomática al definir a Irán como un «enemigo» de la Argentina. Mientras el canciller Pablo Quirno no descarta el envío de buques a Medio Oriente si Estados Unidos o Israel lo solicitan, surge una pregunta incómoda que recorre los pasillos del Ministerio de Defensa: ¿Tiene Argentina capacidad real para entrar en un conflicto bélico o es solo retórica para la tribuna?
A pesar de la narrativa de «potencia» que intenta instalar el oficialismo, la realidad técnica de las Fuerzas Armadas es alarmante. Según especialistas del área de Defensa, la flota de mar argentina cuenta con destructores cuya tecnología data de 1983. De los cuatro buques disponibles, solo tres están operativos, y su equipamiento está décadas por detrás de los estándares necesarios para un teatro de operaciones moderno como el Estrecho de Ormuz.
«Enviar estos buques a una zona de conflicto actual sería, en la práctica, una misión suicida», señalan fuentes vinculadas a la Armada.
Más allá de la falta de «espalda» material, Milei enfrenta un muro legal. La Constitución Nacional (Art. 75) es clara: el Poder Ejecutivo no puede declarar la guerra ni permitir la salida de tropas sin la autorización expresa del Congreso.
La oposición ya ha encendido las alarmas, presentando proyectos de repudio para evitar que el país se involucre en conflictos ajenos. El antecedente de los años 90, cuando Carlos Menem envió naves al Golfo Pérsico por decreto, sobrevuela como una advertencia: Argentina fue el único país latinoamericano en participar y las consecuencias geopolíticas aún se recuerdan.
Mientras la Rosada juega a la guerra, la Fragata ARA Libertad se prepara para su 54° viaje de instrucción. El 11 de abril zarpará con 250 tripulantes para una misión puramente diplomática y de formación que incluirá una escala en Nueva York para los festejos de la independencia de EE. UU.
Este contraste es total: mientras el buque escuela cumple su rol de «embajada itinerante», el Gobierno amaga con involucrar al país en una escalada cuyas consecuencias, tanto en seguridad interna como en gasto militar, Argentina no parece estar en condiciones de afrontar.
