Adorni no para: vuelos privados, propiedades de lujo y una defensa que ya se mueve

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La situación judicial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica. En las últimas horas, el funcionario contrató al estudio de abogados de Matías Ledesma para enfrentar la investigación que lidera el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y malversación de fondos.

La Justicia puso el foco inicialmente en el vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, valuado en 7.600 dólares. La PSA ya allanó las oficinas de la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A. buscando facturación y registros bancarios para determinar quién pagó el traslado.

A esto se sumaron recientemente sus vacaciones en Aruba (diciembre 2024 – enero 2025). Adorni y su familia se alojaron en el exclusivo Tamarijn Aruba All Inclusive, con un costo estimado de 12.000 dólares, cifra que no coincidiría con sus ingresos declarados.

El fiscal Pollicita investiga un «crecimiento vertiginoso» del patrimonio de Adorni, denunciado inicialmente por la diputada Marcela Pagano. Los puntos más críticos son:

  1. La casa en el country Indio Cuá: Valuada en 200.000 dólares. Aunque figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, el cambio de titularidad no se registró en el municipio, figurando aún a nombre del dueño anterior mientras Angeletti paga las expensas. La Justicia sospecha de una maniobra de ocultamiento.
  2. Departamento en Caballito: Un adelanto de 30.000 dólares y una extraña hipoteca privada de 200.000 dólares otorgada por las propias vendedoras, sin intervención bancaria.
  3. La escribana bajo sospecha: Adriana Nechevenko, quien certificó estas operaciones y tiene antecedentes en causas complejas, fue citada a declarar el próximo 8 de abril.

Mientras Adorni declara ingresos mensuales de entre 3,5 y 7 millones de pesos, sus gastos e inversiones en el último año superan los 250.000 dólares. La fiscalía intenta determinar si los «préstamos familiares» declarados son reales o una pantalla para el lavado de activos. Por ahora, el cerco judicial sobre el Jefe de Gabinete se sigue cerrando.


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