El gremio CONADU Histórica confirmó una huelga de una semana, mientras que la AGD-UBA impulsa que la medida sea por tiempo indeterminado. Denuncian que el gobierno libertario «asfixia» el presupuesto y los salarios.
El sistema universitario nacional ingresa en una etapa de conflicto agudo. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) oficializó un paro nacional del 16 al 20 de marzo de 2026. Sin embargo, la tensión es máxima en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) resolvió llevar al congreso nacional la postura de una huelga por tiempo indeterminado.
La brecha entre la inflación y los haberes docentes es el principal detonante. Según los gremios, el desfasaje salarial alcanza el 51%. Ante esto, el Gobierno nacional propuso un incremento del 12% en tres cuotas hasta octubre de 2026, lo que profundizó el malestar.
Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, fue contundente respecto a la situación en la universidad más grande del país:
«Estamos ante un ajuste sin precedentes. La asamblea de nuestro gremio resolvió impulsar el no inicio de clases y el paro por tiempo indeterminado. No podemos aceptar que se siga destruyendo el salario de quienes sostienen la universidad pública».
El punto de inflexión llegó con el bloqueo a la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que el Congreso ratificó la norma tras el veto presidencial, el Ejecutivo mantiene pisados los fondos. Desde CONADU Histórica, su secretaria general Francisca Staiti señaló sobre la postura oficial:
«El Gobierno nacional pretende ignorar una ley votada por el Congreso. Nuestra respuesta debe ser la unidad y la profundización de las medidas, porque lo que está en juego es la supervivencia misma de la universidad pública estatal y gratuita».
El conflicto se enmarca en un escenario de ajuste fiscal donde la prioridad del «déficit cero» impacta directamente en las partidas presupuestarias. Los docentes señalan que la falta de actualización del FONID y el recorte en investigación completan un cuadro de «asfixia institucional».
El próximo 20 de marzo, una nueva asamblea evaluará los pasos a seguir. Si el Gobierno no mejora la oferta salarial ni cumple con la Ley de Financiamiento, el cuatrimestre corre serio riesgo de no comenzar en gran parte de las facultades del país.