La gestión de Javier Milei ha profundizado una crisis sin precedentes en el sector manufacturero argentino. Lo que el oficialismo denomina «saneamiento» es, para los trabajadores y las PyMEs, un industricidio deliberado. La combinación de apertura indiscriminada de importaciones, tarifazos y caída del consumo interno ha configurado un escenario de tierra arrasada para la producción nacional.
1. Capacidad instalada: Máquinas paradas en todo el país
Uno de los indicadores más alarmantes del impacto de las políticas libertarias es la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII). Según el último informe del INDEC, la industria funcionó a niveles críticos durante el cierre de 2025, alcanzando un mínimo histórico del 53,8% en diciembre.
Esto significa que casi la mitad de las máquinas en las fábricas argentinas están apagadas. Sectores clave como el automotriz y el textil muestran retrocesos significativos interanuales, operando en muchos casos por debajo del 50% de su potencial.
2. Desempleo y pérdida de puestos registrados
El discurso oficial sobre la «recuperación» choca de frente con la realidad del mercado laboral. Informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detallan que desde que asumió Milei se han perdido casi 281.000 puestos de trabajo registrados.
Pérdida diaria: El ajuste equivale a la desaparición de 432 empleos por día.
Informalidad en alza: Aunque la tasa de desocupación general se ubicó en un 6,6% hacia el tercer trimestre de 2025, este dato es engañoso: el crecimiento del empleo se dio principalmente en la informalidad, que subió al 43,3%. Los trabajadores están siendo expulsados del sistema formal hacia el cuentapropismo precario.
3. Cierre de empresas: 30 PyMEs bajan la persiana por día
El entramado productivo PyME, el principal generador de empleo en Argentina, está siendo desmantelado. Según datos basados en registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 cerraron más de 20.000 empresas.
Este fenómeno, denunciado por cámaras como la UIA y sindicatos industriales, es el resultado directo de un modelo que prioriza la renta financiera y los sectores extractivos (como la minería y el petróleo) por sobre la transformación de valor en territorio.
El industricidio no es una consecuencia no deseada, sino el eje central de un plan que busca primarizar la economía argentina. Con una industria que hoy opera un 10% por debajo de los niveles previos a Milei, el costo social se traduce en mayor pobreza y una dependencia externa creciente. Sin un Estado que proteja la producción local, el futuro de la clase media trabajadora parece estar fuera de la agenda libertaria.
