La Argentina se encamina a una nueva medida de fuerza masiva. Los gremios combativos anunciaron un paro nacional de 36 horas para el próximo 25 de febrero, en rechazo frontal a una reforma laboral que consideran un «retroceso de 100 años» en derechos.
El clima social en la Argentina vuelve a tensarse. En un contexto de creciente conflictividad, un frente de gremios combativos y organizaciones sociales ha convocado a un paro nacional de 36 horas que comenzará el próximo miércoles 25 de febrero de 2026 a partir de las 12:00. La medida no es solo un cese de actividades, sino un desafío directo al modelo económico del gobierno de Javier Milei, que en los últimos meses ha profundizado su agenda de desregulación a costa del bienestar de la clase trabajadora.
El detonante principal es el avance de la reforma laboral en el Congreso, una pieza clave del programa libertario que busca, entre otros puntos, reducir las indemnizaciones por despido, limitar el derecho a huelga y extender la jornada laboral legal hasta las 12 horas en ciertos sectores.
Para los líderes sindicales, estas medidas no representan una «modernización», sino una precarización absoluta. Según declaraciones recientes de sectores de la CGT y las CTA, el proyecto oficialista fomenta la informalidad bajo la excusa de la inversión, mientras el poder adquisitivo de los salarios sigue en caída libre.
La protesta también pone el foco en los alarmantes indicadores sociales de 2026: Se estima que casi 22.000 empresas han bajado sus persianas durante la actual gestión, afectando principalmente a las Pymes y al sector industrial, como el reciente caso de la planta de Fate. Los informes de centros de estudios como CEPA revelan una aceleración en la pérdida de puestos de trabajo genuinos. A pesar de las promesas de estabilización, los gremios denuncian que la inflación real supera las cifras oficiales del INDEC, licuando mes a mes los ingresos familiares.
La medida de fuerza tendrá su punto culminante el mismo miércoles 25 a las 16:00, con una concentración masiva frente al Congreso de la Nación. Los manifestantes buscan presionar a los legisladores para que rechacen los artículos más nocivos de la ley, que actualmente atraviesa debates clave en la Cámara de Diputados y el Senado.
Desde el oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la medida como «incomprensible» y acusó a los sindicatos de no respetar el mandato democrático. Sin embargo, el malestar en las calles sugiere que el «ajuste fiscal» ha llegado a un límite de tolerancia social difícil de ignorar.
Este paro de 36 horas representa un gran desafío sindical para la gestión Milei. En un país con casi el 40% de sus trabajadores sindicalizados, la capacidad de resistencia del movimiento obrero será determinante para el futuro de las reformas libertarias. Lo que está en juego el próximo miércoles no es solo un día de trabajo, sino el modelo de país y la vigencia de los derechos laborales en la Argentina del siglo XXI.
