Mientras el Gobierno de Javier Milei predica austeridad y persigue a los trabajadores, se filtró un contrato millonario a dedo para la esposa del Ministro de Desregulación. Nepotismo, cajas negras y la caída definitiva del relato libertario.
La mentira tiene patas cortas, y el relato de la «lucha contra la casta» acaba de desplomarse por completo. En las últimas horas, se conoció la ampliación de una denuncia penal que salpica lo más alto del gabinete de Javier Milei. Se trata de un contrato de $114 millones otorgado de forma directa por la Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora no es otra que María Josefina Rouillet, la esposa del ministro Federico Sturzenegger.
El escándalo, que ya tramita en la justicia federal, apunta no solo a Sturzenegger sino también al canciller Pablo Quirno. La denuncia, ampliada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, detalla una maniobra burda de conflicto de intereses y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según los documentos que circularon, el Estado Nacional desembolsó una fortuna para servicios de enseñanza de idiomas contratados de manera directa, evitando cualquier tipo de licitación pública transparente. Lo más grave es que la Oficina Anticorrupción (OA), hoy convertida en un órgano de encubrimiento oficialista, habría demorado intencionalmente la carga de estos datos en el Registro de Integridad y Transparencia para ocultar el vínculo familiar.
Los puntos clave del «Sturzenegger-Gate»:
- Cifra millonaria: El contrato asciende a $114.000.000, pagados con el IVA de los alimentos que hoy millones de argentinos no pueden comprar.
- Nepotismo explícito: La beneficiaria directa es la esposa del ministro que redactó el DNU y la Ley Bases, supuestamente para «transparentar» el Estado.
- Encubrimiento oficial: La denuncia señala que se intentó «planchar» la información en los registros públicos hasta que el escándalo tomó estado público.
Este hecho no es un caso aislado, sino un patrón de conducta. Mientras el presidente Milei tilda de «delincuentes» a quienes defienden el presupuesto universitario o los derechos laborales, su gestión utiliza los fondos públicos para beneficiar al entorno más íntimo de sus ministros.
Es la confirmación de que la «casta» no eran los políticos privilegiados, sino cualquiera que no estuviera alineado con el modelo de negocios de la Libertad Avanza. Mientras Sturzenegger diseña el hambre de la clase media argentina, su familia factura millones gracias a la caja del Estado que prometieron «dinamitar».
Hasta el momento, ni el vocero Manuel Adorni ni el propio Sturzenegger han dado explicaciones coherentes sobre este contrato. El silencio oficial es ensordecedor y confirma lo que desde La Matriz Noticias venimos advirtiendo: estamos ante la gestión más hipócrita de la historia reciente de nuestro país.
La justicia ahora deberá investigar si estamos frente a los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
