Tras la expulsión de los acreditados de Balcarce 50, el fiscal Pollicita pidió los videos originales de las grabaciones de TN para definir si impulsa la causa penal. En el oficialismo sostienen que «no se odia lo suficiente a los periodistas».
El conflicto entre el Gobierno Nacional y la prensa acreditada en Casa Rosada sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas preliminares al juez Ariel Lijo para determinar si corresponde avanzar con la denuncia penal de Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La acusación del Ejecutivo apunta a una supuesta «revelación de secretos políticos y militares» luego de que se filmaran pasillos de la sede gubernamental utilizando anteojos inteligentes para un informe televisivo.
Como parte de esta investigación, la Fiscalía pidió a la señal TN el material crudo de las grabaciones y solicitó informes sobre las acreditaciones a la Secretaría de Comunicación. Mientras tanto, la reacción oficial fue drástica e inédita: se dieron de baja las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados, clausurando de hecho el acceso a la Sala de Prensa. Esta medida generó un contraataque legal de la diputada Marcela Pagano, quien denunció penalmente a Javier Milei y Manuel Adorni por abuso de autoridad, enmarcando el hecho dentro de un patrón de hostigamiento institucional.
El clima de hostilidad es total y se alimenta desde las entrañas del propio oficialismo, donde fuentes cercanas a la gestión dejan trascender una frase inquietante: «No se odia lo suficiente a los periodistas». Esta premisa parece ser el motor de decisiones que van desde el cierre de la agencia Télam hasta el bloqueo masivo en Casa Rosada. Mientras medios como Ámbito Financiero ya presentaron medidas cautelares para restituir el trabajo de sus cronistas, organizaciones nacionales e internacionales advierten que el silenciamiento de la prensa representa un retroceso democrático sin precedentes bajo un esquema de corte autoritario.
