El Frente de Sindicatos Argentinos por la Soberanía y el Trabajo (FRESU) emitió un duro comunicado de respaldo a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de anular sus elecciones y desplazar a Abel Furlán. La organización, que nuclea a sectores de la CGT y las CTA, calificó la intervención judicial como un ataque directo a la libertad sindical y una maniobra de persecución política coordinada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el espacio gremial argumentaron que el fallo judicial que apartó a la conducción metalúrgica no responde a cuestiones meramente formales de los comicios, sino que busca disciplinar y debilitar a las organizaciones sindicales que confrontan con el modelo económico actual. Los dirigentes aseguraron que la medida judicial sienta un precedente peligroso para todo el movimiento obrero argentino organizado.
El impacto político del conflicto metalúrgico
El pronunciamiento del FRESU suma volumen político a la estrategia defensiva de la UOM, que ya había señalado al Grupo Techint y al Gobierno de orquestar la intervención para paralizar las negociaciones paritarias. De acuerdo con los voceros de las distintas entidades firmantes, la intervención comandada por el abogado Alberto Biglieri representa una intromisión ilegal del Estado en los asuntos internos de los trabajadores.
Con este respaldo sectorial masivo, el conflicto de la UOM trasciende las fronteras del sector metalúrgico para convertirse en la principal disputa del escenario gremial nacional. La Mesa Nacional del frente advirtió que se mantendrá en estado de alerta permanente, evaluando la adopción de medidas de fuerza conjuntas si no se da marcha atrás con el desplazamiento de las autoridades gremiales legítimamente electas.
