En un nuevo capítulo de lo que la expresidenta define como una «persecución sistemática», la Sala IV de la Cámara de Casación Federal rechazó el planteo de Cristina Fernández de Kirchner para frenar la ejecución de su patrimonio. Con esta decisión, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dieron luz verde al decomiso de 111 bienes vinculados a los condenados en la denominada «Causa Vialidad».
El fallo no solo afecta a la exmandataria, sino que se extiende a su círculo familiar, incluyendo propiedades a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y un masivo embargo sobre 80 propiedades de Lázaro Báez.
ento utilizado por los magistrados para validar el decomiso. Ante el pedido de la defensa de una reconstrucción precisa sobre el origen de los fondos, la Sala IV sostuvo que exigir un «rastreo perfecto del dinero» es «materialmente imposible».
Para los abogados de la defensa, este criterio debilita las garantías constitucionales, ya que permite avanzar sobre el patrimonio basándose en una «vinculación económica razonable» en lugar de pruebas directas, lo que refuerza la denuncia de Cristina Kirchner sobre el accionar de una «mafia judicial» que busca su proscripción y asfixia económica.
De la totalidad de los activos que la Justicia busca ejecutar:
- 1 propiedad pertenece directamente a Cristina Kirchner.
- 19 bienes están a nombre de sus hijos (aunque el juez Borinsky votó en disidencia sobre este punto, por considerar que no se probó el origen ilícito en bienes heredados).
- 80 propiedades corresponden a Lázaro Báez.
Este embate se suma a la reactivación de la Causa Cuadernos, un proceso que CFK ha calificado como un «gran disparate» basado en testimonios bajo presión y copias de documentos dudosos. Mientras cumple arresto domiciliario, la expresidenta sostiene que este despliegue mediático-judicial tiene como único fin político su anulación como figura pública.
«Me puedo morir presa, pero esto en algún momento se va a terminar», sentenció la exmandataria en sus recientes declaraciones, dejando en claro que, para gran parte de la sociedad, estas medidas representan un uso político de la justicia para castigar a los liderazgos populares.
