La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo histórico e inédito que sacude las estructuras del sindicalismo argentino. El tribunal decretó la nulidad absoluta de los comicios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ordenó el desplazamiento inmediato de su secretario general, Abel Furlán, y dispuso la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días.
La resolución de la Sala VIII, firmada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, declaró la invalidez del proceso electoral que se inició en la seccional Zárate-Campana. La impugnación, presentada por la opositora Lista Naranja, denunció graves fallas de seguridad en el traslado y la custodia de las urnas. Al caerse legalmente la elección de esa seccional, se desmoronó por efecto dominó la validez del Colegio Electoral Nacional que había reelecto a Furlán al frente de la conducción general del sindicato.
El impacto de la intervención judicial y la respuesta gremial
A raíz del fallo, la Justicia declaró la acefalía institucional de la UOM y nombró como interventor al abogado Alberto Biglieri. El administrador judicial tendrá plenos poderes para controlar las finanzas y el funcionamiento interno de la organización, con la misión obligatoria de convocar a nuevas elecciones transparentes dentro del periodo de seis meses fijado.
La respuesta del oficialismo metalúrgico no se hizo esperar. A través de un explosivo comunicado oficial titulado “La intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores”, el entorno de Furlán calificó la medida como un atropello arbitrario y antidemocrático. Desde la conducción desplazada acusaron de forma directa al Grupo Techint y al Gobierno nacional de orquestar una «operación política y judicial» para disciplinar al gremio en plenas negociaciones paritarias. El conflicto promete escalar en los tribunales y en las calles durante las próximas semanas.
