El Gobierno Nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar el pago de $2.5 billones destinados a salarios y funcionamiento de las universidades públicas. La comunidad educativa denuncia un plan de desfinanciamiento y prepara una marcha masiva para mayo.
El conflicto universitario en Argentina alcanzó su punto máximo de tensión. Tras cumplirse el plazo legal para transferir los fondos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), el Poder Ejecutivo decidió llevar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia para eludir el pago de 2.5 billones de pesos.
La medida busca frenar el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que obligaba al presidente Javier Milei a actualizar de forma inmediata los sueldos de docentes y no docentes, además de los presupuestos para gastos de funcionamiento (luz, gas y agua).
Según datos del sector, los trabajadores universitarios acumulan 17 meses de caída salarial. Solo en 2024, la inflación fue del 118% mientras los sueldos se mantuvieron congelados, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo equivalente a haber trabajado siete meses sin cobrar en los últimos dos años.
Desde el Gobierno sostienen que la ley es «inconstitucional» porque no especifica de dónde saldrán los recursos. Sin embargo, la Justicia ya calificó este argumento como «absurdo», dado que el Congreso ratificó la ley con dos tercios de los votos tras el veto presidencial inicial.
Puntos clave del conflicto:
- Recorte histórico: El presupuesto para funcionamiento cayó un 45,6% desde 2023.
- Deuda salarial: Se exigen 141 puntos de recuperación frente a la inflación acumulada.
- Conflicto judicial: El Gobierno busca dilatar el pago hasta que la Corte se expida.
Ante esta situación, el Frente Sindical de Universidades y los rectores (CIN) ya anunciaron que en mayo se realizará una movilización masiva en todo el país para defender la educación pública y exigir el cumplimiento de la ley.
