La causa por presuntas coimas en el sistema de discapacidad sumó nuevas pruebas que complican al periodista. Según reveló Infogremiales, la Justicia pone el foco en audios comprometedores y sospechas de filtración de información judicial.
La investigación sobre las irregularidades en el sistema de discapacidad ha escalado hasta salpicar directamente a figuras del periodismo y la política. En las últimas horas, el portal Infogremiales difundió información que coloca a Eduardo Feinmann en una situación delicada, vinculándolo con la droguería Suizo Argentina, una de las empresas señaladas en el expediente judicial.
La trama se vuelve más compleja con la aparición de audios atribuidos a la exvocera Florencia Pérez Roldán. En estos registros, se menciona que Feinmann habría tenido acceso a información reservada, advirtiendo a la empresa sobre la ejecución de un allanamiento inminente. Aunque el periodista desmintió rotundamente estas versiones, la Justicia busca determinar si existió una circulación de datos judiciales sensibles para proteger intereses empresariales.
A este escenario se suma la sospecha sobre el financiamiento de la política. Se investiga si la familia Kovalivker, propietaria de la droguería en cuestión, aportó una suma cercana a los 70 mil dólares para la organización de un acto de Javier Milei en el Movistar Arena. Este flujo de dinero, canalizado supuestamente a través de organizadores privados, es analizado bajo la figura de posibles dádivas vinculadas al negocio de los medicamentos.
Finalmente, la situación reaviva las denuncias de Marcelo Peretta, titular del sindicato de farmacéuticos (SAFyB). El dirigente sostiene que los ataques mediáticos de Feinmann no son casuales, sino que responden a una estructura de pauta publicitaria y sponsoreo que condiciona su línea editorial. Para Peretta, este caso deja al descubierto una «mafia de los medicamentos» donde los límites entre la información periodística y los intereses económicos de los laboratorios aparecen completamente borrosos.
