Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron formalmente al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez. La medida, que busca ejecutar la sentencia firme en la Causa Vialidad, incluye el emblemático departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, lugar donde la exmandataria cumple actualmente su arresto domiciliario.
Un pedido millonario para resarcir al Estado
El planteo de la fiscalía responde a que los condenados aún no han depositado el monto fijado por la justicia para resarcir la defraudación al Estado. Según los fiscales, el valor actualizado a devolver supera los 685.000 millones de pesos. Se solicitó el decomiso de 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a la familia Kirchner y el resto a Lázaro Báez. El pedido también abarca 46 vehículos y una suma aproximada de 5 millones de dólares hallados en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner.
Situación de San José 1111: Este departamento, de 232 m², figura formalmente a nombre de la sociedad Otur. Si el tribunal aprueba el decomiso, la propiedad pasaría a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que obligaría a Cristina Kirchner a fijar un nuevo domicilio para continuar con su pena.
¿Qué pasará con la prisión domiciliaria de CFK?
El pedido de los fiscales Luciani y Mola genera un interrogante logístico sobre el cumplimiento de la condena de la expresidenta. Si el inmueble es decomisado, se considera legalmente «inhabitable» para el condenado, por lo que la justicia debería autorizar un traslado a otra residencia.
Este movimiento judicial ocurre en un contexto de endurecimiento de las condiciones de detención de la exvicepresidenta, quien recientemente recibió restricciones adicionales en su régimen de visitas tras incumplir los protocolos establecidos.
