El gobierno de Javier Milei, que construyó su identidad política bajo la promesa de aniquilar a la «casta» y terminar con los privilegios de los amigos del poder, enfrenta un nuevo escándalo que expone las grietas de su relato ético. Federico Sturzenegger, el «zar de la desregulación» y principal arquitecto del ajuste estatal, quedó en el centro de la escena tras conocerse una adjudicación millonaria de la Cancillería a una entidad dirigida por su propia esposa.
El contrato de la polémica: Cifras y beneficiarios
Bajo el paraguas de la austeridad y la «motosierra», la Cancillería argentina formalizó la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación de su personal. El monto adjudicado no es menor: $114.044.133 (aproximadamente 78.000 dólares), destinados a cursos y talleres que se dictarán en la sede porteña de la institución.
Lo que en cualquier gestión sería un trámite administrativo, aquí cobra una dimensión ética insoslayable: la dirección de la AACI está en manos de la esposa de Sturzenegger. Mientras el oficialismo pregona que «no hay plata» para universidades públicas o jubilados, los fondos del Estado fluyen hacia el entorno familiar de sus ministros estrella.
¿Transparencia o maquillaje institucional?
Ante la evidencia del vínculo, el área de Compras de Cancillería debió activar el protocolo de integridad del Decreto 202/2017. La intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la SIGEN fue presentada por el Gobierno como una muestra de transparencia. Sin embargo, el dictamen de la OA fue demoledor al confirmar el encuadre de la relación como «familiar (matrimonio)».
Para los analistas, esta intervención institucional funciona más como un maquillaje legal que como una verdadera política de integridad. El hecho de que el principal ideólogo de la reforma del Estado permita que una entidad ligada a su familia compita y gane contratos públicos, contradice directamente la narrativa de transparencia total que el movimiento libertario dice defender.
La contradicción libertaria: Ética para unos, negocios para otros
El caso Sturzenegger se suma a una lista creciente de designaciones y contratos que ponen en duda la meritocracia libertaria. La pregunta que surge en los pasillos del poder es inevitable: ¿La desregulación estatal es un fin en sí mismo o una herramienta para reconfigurar quiénes son los beneficiarios de la caja pública?
Mientras el Gobierno mantiene un discurso de confrontación contra la corrupción ajena, los hechos muestran una notable flexibilidad cuando los involucrados son los arquitectos del nuevo modelo económico. El contrato a la Cultura Inglesa no solo es un gasto cuestionable en tiempos de crisis, sino un golpe simbólico a la credibilidad de un presidente que prometió que el ajuste lo pagaría «la política» y no el ciudadano común.
