Un informe del Ministerio Público Fiscal revela una tendencia alarmante en los procesos judiciales por crímenes de la última dictadura. En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado, los datos muestran un marcado descenso en las sentencias y un aumento récord de represores en libertad.
A pesar de que el 68,6% de los argentinos considera que la última dictadura fue un periodo de violaciones a los derechos humanos —según datos de la consultora Zuban-Córdoba—, la dinámica judicial parece ir en sentido contrario al consenso social. Desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al poder, el ritmo de la justicia para los delitos de lesa humanidad ha sufrido una desaceleración evidente.
Según el relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la brecha entre las personas detenidas y las que permanecen en libertad es hoy la mayor desde que se inició el registro en 2015.
- Sentencias en baja: Mientras que en 2024 se registraron 16 sentencias, en 2025 la cifra cayó a solo 9.
- Represores libres: Actualmente, hay 1.582 personas investigadas que permanecen en libertad, frente a solo 504 detenidos.
- Prisión domiciliaria: De los pocos detenidos que quedan, el 80% goza del beneficio de la prisión domiciliaria (425 personas).
Este freno en las condenas se da en un clima político donde el Gobierno Nacional refuerza discursos que reflotan la «Teoría de los dos demonios». El informe detalla que, además de las sentencias a la baja, se ha registrado un incremento en el uso de los juicios abreviados.
Actualmente, existen 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar. Sin embargo, la lentitud procesal y la «sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas» generan preocupación en los organismos de derechos humanos, que ven cómo la impunidad biológica y judicial gana terreno.
Con 33 prófugos que aún eluden a la Justicia, el panorama a 50 años del golpe plantea un desafío estructural para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.
