Mientras el Gobierno de Javier Milei predica la «miseria necesaria» para el pueblo, sus funcionarios acceden a créditos hipotecarios millonarios en el Banco Nación. El caso de Federico Furiase y la doble vara de un discurso que se cae a pedazos.
El relato de la «libertad» y el ajuste parece tener un límite claro: las puertas de los countries donde viven los funcionarios de Luis Caputo. En las últimas horas, una revelación periodística puso el foco sobre Federico Furiase, secretario de Finanzas y mano derecha del ministro de Economía, quien habría recibido un crédito de más de $300 millones del Banco Nación para adquirir una propiedad de lujo.
La denuncia, que ya resuena en los pasillos de Comodoro Py, no solo apunta a Furiase. Se suma a una lista de beneficiarios del entorno oficial que incluye a Felipe Núñez (asesor de Economía), Emiliano Mongilardi (YPF) y hasta la diputada Lorena Villaverde.
Lo que indigna no es solo el monto —unos 300.000 dólares para una casa en el exclusivo barrio Los Pilares— sino las condiciones. Mientras el ciudadano promedio enfrenta tasas prohibitivas y requisitos imposibles, los «guardianes del superávit» accederían a tasas subsidiadas otorgadas por el mismo Estado que ellos mismos califican de «pedófilo» o «inservible».
El contraste es obsceno. El mismo equipo económico que le pide «un esfuerzo más» a los jubilados y que recorta fondos para comedores, utiliza la banca pública para financiar su confort personal.
- Federico Furiase: $300 millones para una mansión de 200m².
- Felipe Núñez: $373 millones otorgados bajo la gestión de Daniel Tillard.
- Juan Pablo Carreira: Vinculado al área de comunicación, también con acceso a fondos públicos.
Esta avaricia institucionalizada demuestra que el Estado solo es «malo» cuando tiene que asistir a los vulnerables, pero es una herramienta de oro cuando se trata de asegurar el patrimonio de quienes hoy manejan la caja del país.
Javier Milei ha repetido hasta el hartazgo que el Estado es una organización criminal. Sin embargo, sus funcionarios no parecen tener reparos éticos en servirse de sus recursos más suculentos. La denuncia impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual pone la lupa sobre la cúpula del Banco Nación, cuestionando los criterios de aprobación de estos préstamos «a medida».
¿Cómo es que un funcionario con múltiples propiedades previas califica para un crédito social de la banca pública? La respuesta es simple: en la Argentina de la «Libertad», los privilegios no se eliminaron, solo cambiaron de dueño.
