La estrategia del Gobierno nacional para transferir empresas estatales al sector privado sumó un revés decisivo en los tribunales. El plan privatizador de Javier Milei se ha encontrado con un muro en términos judiciales luego de que la Justicia suspendiera el proceso de venta de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
La medida cautelar, dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata a cargo del juez Mariano López, frenó la transferencia del 90% de las acciones de la compañía de agua potable y saneamiento. El fallo exige, como requisito previo e indispensable, la determinación del pasivo ambiental en territorio bonaerense.
Los argumentos de la Justicia contra el pliego de AySA
La acción judicial fue impulsada originalmente por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la presentación se argumentó que el pliego de licitación omitía elementos básicos para asegurar el acceso universal al agua potable.
Al evaluar el caso, el magistrado Mariano López dictaminó que el esquema propuesto por el Poder Ejecutivo tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras de carácter crítico. Según se desprende de la resolución, esta flexibilización pone en riesgo el derecho humano al agua potable y las garantías constitucionales de habitar un ambiente sano.
Observaciones y sospechas sobre el Tribunal de Tasaciones
El freno a la venta de la distribuidora de agua no es un hecho aislado, sino que expone las desprolijidades administrativas del Ministerio de Economía. El foco de la tormenta legal roza al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).
Su presidente, Julio Roberto Villamonte, admitió formalmente que notificó a la cartera económica sobre la imposibilidad material de avanzar con las valuaciones oficiales de activos clave —tales como AySA, Transener, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas e Intercargo— sin el debido debate y consenso del cuerpo colegiado del organismo, vulnerando los reglamentos internos.
Paralelamente, especialistas del sector advirtieron anomalías en el cálculo de valor de firmas estratégicas. En el caso de Nucleoeléctrica Argentina (cuya cotización tentativa oscila entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares), las tareas de tasación se delegaron en entidades bancarias oficiales como el Banco Nación o el BICE, las cuales carecen de equipos técnicos idóneos para ponderar infraestructuras atómicas.
Un escenario judicial complejo para el oficialismo
Con este escenario, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, asume el desafío de reestructurar las presentaciones legales si pretende sostener la agenda de privatizaciones. Mientras tanto, las represas hidroeléctricas del Comahue y otras concesiones ya enfrentan cuestionamientos similares en la Justicia Federal de General Roca, ratificando que el marco normativo ambiental y constitucional será el principal obstáculo para las reformas del Poder Ejecutivo.
