La figura del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha quedado en el centro de una tormenta judicial y ética que parece no tener fin. Mientras la Justicia avanza sobre sus recientes y lujosos viajes a Uruguay, un «archivo letal» sale a la luz para recordarle su pasado como promotor de una cuestionada academia de trading vinculada a estafas con criptomonedas.
El juez federal Ariel Lijo dio un paso clave esta semana al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Imhouse S.A., la productora del periodista Marcelo Grandío. La investigación busca determinar quién pagó realmente el paquete de diez vuelos en jet privado que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, utilizaron para viajar a Punta del Este.
Aunque el funcionario libertario afirmó inicialmente que el costo fue de US$3.800, las facturas presupuestadas ascienden a US$4.830, dentro de un paquete mayor que supera los 40 mil dólares. La Justicia sospecha de un posible conflicto de intereses o dádivas, dado que Grandío es beneficiario de contratos en la TV Pública, área que depende directamente de la Jefatura de Gabinete.
Como si el frente judicial fuera poco, la redacción de La Matriz Noticias accedió a un polémico archivo de abril de 2022. En el video, un Adorni en su faceta de «influencer liberal» promociona una masterclass exclusiva para los alumnos «Gold» de N&W Professional Traders.
Se trata de la firma de Mauricio Novelli, el lobista detrás de la estrepitosa estafa cripto con la moneda $LIBRA. En aquel entonces, Adorni leía un guion invitando a sumarse al «mejor instituto de Latinoamérica», dejando en evidencia que su ascenso político estuvo financiado por «canjes» y pautas de sectores que terminaron damnificando a miles de ahorristas.
Estos episodios se suman a una lista de privilegios que contradicen el discurso de austeridad del Gobierno: una casa no declarada en un country y el uso de aviones oficiales para traslados familiares a EE.UU.
Hoy, con el secreto bancario levantado y su pasado como promotor de «traders» bajo la lupa, la situación de Adorni deja de ser un problema de comunicación para convertirse en un expediente judicial que el Gobierno de Javier Milei ya no puede ignorar con un simple «Fin».
