El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa luego del fallo de una jueza estadounidense que busca obligar al estado argentino a ceder el 51% de las acciones de YPF a un fondo buitre.
Un nuevo capítulo en la disputa que abrió un fondo buitre por la estatización de YPF, una vez más una corte estadounidense, más precisamente el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska, el mismo que ya había fallado en contra de los intereses argentinos y a favor de fondos buitres con el juez Thomas Griesa como protagonista. Ahora falló a favor de otro fondo buitre, en este caso Burford, el grupo de “inversiones” que compró los derechos al grupo de la familia Skenazi para hacerse de la posibilidad de litigar contra nuestro país por la estatización de la empresa petrolera.
Axel Kicillof quedó en medio del ojo de la tormenta, desde el libertarismo y aliados no escatimaron en insultos en redes sociales para hacerlo responsable de aquella operación de recuperación del patrimonio nacional luego de conocido el fallo sin tener en cuenta el papel de REPSOL, empresa española que se había hecho de YPF en el gobierno neoliberal de Carlos Menem, ni del Congreso Nacional que votó ampliamente el proyecto de ley de nacionalización, la cual contó, además, con el apoyo de todas las bancadas, excepto la amarilla macrista.
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Kicillof habló un poco más de media hora, expuso las razones que llevaron al gobierno de Cristina Kirchner a tomar la decisión de estatizarla, poniendo el acento en la caída de producción de petróleo y gas, lo que dejó a nuestro país con una balanza energética negativa que obligó a la importación de combustibles.
“Lo que se está discutiendo es si tiene más valor el estatuto de una empresa privada que una ley y la Constitución Nacional”, señaló el gobernador, haciendo alusión al eje de la denuncia del fondo buitre, que pone la letra del estatuto diseñado durante de la década del 90 sobre la decisión soberana de expropiación sostenida por nuestra Constitución Nacional.
El gobernador afirmó que el fallo es un “disparate jurídico” y una “intolerable intromisión sobre la soberanía argentina”. Además, destacó que la postura de aquel gobierno generó que “YPF volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo, para impulsar Vaca Muerta”.
Kicillof anticipó que desde la Provincia se impulsarán acciones judiciales para denunciar a Milei por “poner en riesgo a YPF y atacar la soberanía”, citando los presuntos vínculos del presidente con fondos buitre involucrados en el litigio. Uno de ellos, y es grave, es que quien hoy ostenta la titularidad de la Procuraduría del Tesoro, Santiago Castro, es socio del constitucionalista Alberto Bianchi, hombre que fue testigo a favor del fondo buitre que hoy busca colapsar, junto a la justicia norteamericana, los intereses de nuestro país.
El gobernador bonaerense apuntó contra Javier Milei por “ponerse del lado de los demandantes” y dijo que su postura “contradice la defensa del interés nacional”, algo que describió como “absolutamente contradictorio y peligroso”.
Por último, y ya como líder de un espacio político, que más allá de internas, buscará quedarse con el poder en 2027, afirmó: “YPF no se vende, y menos todavía se entrega ni se regala”.