El parate absoluto de la obra pública y la profunda recesión económica impuesta por la gestión nacional están provocando un verdadero descalabro en el mercado laboral argentino. Según una grave denuncia presentada por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) ante la Cámara de Diputados, la industria de la construcción ya perdió 91.000 empleos registrados desde diciembre de 2023, exponiendo el rostro más dramático del plan de ajuste.
Los representantes sindicales expusieron estos alarmantes indicadores estadísticos en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara Baja. Durante su intervención, el director Ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, detalló el impacto sectorial de la crisis y precisó que entre 35.000 y 50.000 de los puestos destruidos correspondían de forma directa al rubro de la vivienda social, un sector que se caracteriza por ser intensivo en el uso de mano de obra.
El impacto del retiro del Estado y la falta de crédito
La paralización habitacional no solo destruye el sustento de miles de familias de trabajadores, sino que estrangula cualquier posibilidad de acceso a la vivienda para los sectores populares. Especialistas del sector advirtieron en el Congreso que el fuerte incremento del costo en dólares del metro cuadrado, sumado a la inexistencia total de créditos hipotecarios accesibles, transformó el techo propio en un «lujo inalcanzable» para las mayorías del país.
Frente al discurso oficial que promueve el libre mercado como único regulador social, los funcionarios provinciales del área de hábitat que participaron del debate parlamentario fueron tajantes al señalar que el sector privado no reemplaza la inversión pública. Cuando el Estado se corre de su rol social, el mercado inmobiliario financiero no soluciona el déficit habitacional, ensanchando la brecha de la exclusión en la Argentina de la motosierra.
