La cara represiva del Gobierno volvió a manifestarse en las inmediaciones del Congreso. Esta vez, la víctima fue Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, quien fue golpeado y detenido mientras cubría una protesta ambientalista de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares. Tras recuperar su libertad, el trabajador de prensa relató el calvario vivido y dejó en evidencia la falsedad de las versiones oficiales.
Mientras los activistas se manifestaban pacíficamente en defensa de los recursos naturales, el despliegue policial escaló rápidamente hacia la violencia física. Tedeschini, que solo se encontraba cumpliendo su labor periodística, describió un ataque coordinado por parte de las fuerzas de seguridad.
“Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató el camarógrafo. Además, denunció una práctica sistemática de agresión oculta: “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”.
Desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, se intentó justificar la detención alegando que el trabajador de prensa intentó traspasar el cordón policial. Sin embargo, las imágenes y el testimonio del afectado desmienten categóricamente esta versión.
Tedeschini aseguró que el accionar fue desproporcionado y violento: “Fueron muy agresivos. Es feo sufrir estas agresiones cuando lo único que estás haciendo es trabajar”. El nivel de brutalidad fue tal que, tras la difusión de los videos del operativo, un agente ya ha sido sumariado, aunque el trasfondo político de la represión a la protesta social sigue intacto.
Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una política de seguridad que busca amedrentar a quienes visibilizan el descontento social. El intento de reformar la Ley de Glaciares —que pone en riesgo zonas críticas para el ecosistema— cuenta con un fuerte rechazo popular, y la respuesta del Ejecutivo ha sido, una vez más, el uso de la fuerza pública para acallar tanto a manifestantes como a la prensa.
La detención de un trabajador de prensa es un ataque directo a la libertad de expresión y un intento de ocultar el modo en que se gestiona la conflictividad social bajo el actual protocolo de seguridad.
