El desfinanciamiento de las políticas de salud sexual provocó que los contagios de sífilis treparan a más de 55.000 en un año. El Gobierno recortó un 75% el presupuesto para prevención.
La cruel «motosierra» de Javier Milei no solo golpea los salarios, también está perforando el sistema de salud pública. Según datos oficiales procesados en el último Boletín Epidemiológico, Argentina registró 55.183 casos de sífilis durante 2025, la cifra más alta de la última década. Este récord representa un incremento del 71% respecto al promedio de los últimos cinco años, marcando una emergencia sanitaria sin precedentes recientes.
El avance de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) coincide directamente con el retiro del Estado nacional en áreas sensibles. Para el ejercicio 2025, el Gobierno aplicó un recorte del 75,7% en las partidas destinadas a la respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS.
Este ajuste se traduce en una realidad peligrosa en los centros de salud de todo el país:
- Falta de preservativos: Se ha denunciado el freno en la compra y distribución gratuita de profilácticos en hospitales y salitas.
- Desmantelamiento del Plan ENIA: El programa de prevención del embarazo adolescente, reconocido internacionalmente por su eficacia, fue vaciado de recursos y personal.
- Corte en campañas de concientización: La ausencia de pauta oficial para educación sexual ha dejado a la población, especialmente a los jóvenes, sin información clave para el cuidado.
La crisis se agrava por el aumento en los costos de los insumos médicos y el precio de los preservativos en el mercado privado, que han subido por encima de la inflación general. Al no haber entrega gratuita por parte del Ministerio de Salud, el acceso a la protección se vuelve un privilegio de clase.
Desde diversas organizaciones de salud advierten que, sin una política activa de testeo y distribución de insumos, la tendencia seguirá en ascenso. El modelo de «libertad» actual parece incluir la libertad de las enfermedades para propagarse ante un Estado que decidió dejar de proteger a sus ciudadanos.
