Tras una semana de actividad en las facultades, el frente gremial universitario retomó este lunes un nuevo paro nacional de actividades que se extenderá hasta el 30 de marzo. La medida de fuerza surge ante la falta de respuestas del Gobierno de Javier Milei respecto a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero virtualmente congelada por el Ejecutivo.
El escenario para este primer cuatrimestre ya se presenta sumamente complejo con interrupciones sistemáticas. Sin embargo, la advertencia de los sindicatos docentes y no docentes es mucho más grave: si no hay una recomposición presupuestaria urgente, el inicio del segundo cuatrimestre corre serio riesgo.
El desfasaje entre salarios e inflación es el eje central del conflicto. Según los gremios, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación acumuló un 280%, mientras que los salarios apenas subieron un 158%. Esta brecha generó una pérdida del poder adquisitivo del 35%.
A esto se suma el informe de los rectores nacionales, que revela una caída real del 45,6% en las transferencias a las universidades públicas en el mismo período, afectando desde el pago de servicios básicos hasta la investigación científica.
Mientras se desarrollan clases públicas en todo el país para visibilizar el conflicto, los gremios no descartan que, de no implementarse la ley, las medidas pasen a ser por «tiempo indeterminado». En los pasillos de las facultades ya se empieza a gestar lo que sería una nueva y multitudinaria Marcha Federal Universitaria para frenar el vaciamiento del sistema público.
