Los números de Milei: 2000 mil heridos y más de 200 detenciones en protestas sociales

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Hubo más de 100 represiones llevadas adelante por las fuerzas de seguridad por parte del gobierno nacional, el saldo es aberrante y deja claro el dispositivo del terror implementado por la administración libertaria.

Según datos recogidos por el Monitor de Respuestas represivas de la CTA Autónoma, desde el desembarco de Javier Milei en le gobierno nacional se llevaron adelante 52 dispositivos represivos, donde 2382 personas resultaron heridas y 229 fueron detenidas. A esto hay que sumar los distintos episodios represivos en todo el país, con ellos asciende a 103 represiones estatales, las y los heridos alcanzan a 2615 y las detenciones suman unas 363.

El caso más grave y emblemático el del fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió un disparo de gas lacrimógeno en su cabeza, produciéndole pérdida de masa encefálica, lo que lo dejó con un delicado estado de salud. Además, otras cinco personas perdieron la vista de un ojo por el impacto de balas de goma.

“Estas cifras exponen un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta”, señalaron desde la CTA Autónoma.

“Esta escalada confirma que la respuesta estatal no solo se ha mantenido, sino que se ha hecho más brutal y peligrosa para la integridad física de quienes protestan, consolidando la represión como una herramienta central de disciplinamiento social”, sumaron desde la central de trabajadores.

Y sumaron: “Paralelamente a la violencia física, se ha intensificado la criminalización y judicialización de la protesta social, utilizando las detenciones arbitrarias como un mecanismo de castigo y disuasión”.

“Esta política se ha visto agravada por la aplicación de detenciones prolongadas más allá de las 24 horas legales, una práctica ilegítima que busca maximizar el castigo y la intimidación”, señaló la central obrera. “Esta modalidad constituye una detención arbitraria que viola garantías constitucionales básicas y refuerza el carácter punitivo de la respuesta estatal al conflicto social”, culmina el informe de la CTA Autónoma.

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