El gobierno nacional decidió en las últimas horas el cierre de decenas de organismos, entre estos la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) advirtieron que «habrá rutas de la muerte».
La Ley de Bases votada el año anterior habilitó al presidente Javier Milei y su ejecutivo, a poder contar con super poderes, es decir, decidir sobre el estado sin tener que pasar, en muchos casos, por el Congreso Nacional. Esto le dio vía libre para ejecutar su plan de desregulación y disolución del estado tal como lo conocemos.
Graciela Aleña, secretaria general de STVyARA, sostuvo ante estas decisiones: «Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas».
«La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira», señaló Aleñá al hacer un «un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte».
«El mismo apunta a más roles de las Fuerzas de Seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las Fuerzas», cuestionó la dirigente.
Aleña advirtió que esta postura suicida del gobierno incluye «más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.
Desde le gobierno nacional presentaron estas desregulaciones como la modernización del estado y una nueva forma de organizarlo, sin embargo, Aleña entiende que «significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones».
Esta semana se conoció el ranking de accidentes de tránsito en el mundo, basado en datos de The Global Economy, y alerta por el posicionamiento de nuestro país que quedó sexto en cantidad de muertes por accidentes viales por detrás de Tailandia, Perú, Líbano, India y Malasia.
Mientras el mundo baja los índices de accidentes gracias al avance de la tecnología que ha aportado en estos últimos años mejoras en los rodados, en las rutas o el desembarco de la navegación online como el GPS, nuestro país desinvierte y provoca un abandono sin precedentes.
Esta situación hizo trizas aquel “Pacto de Mayo”, firmado hace exactamente un año en Tucumán, los gobernadores han visto como la coparticipación no se ha hecho efectiva por parte del gobierno nacional y sus rutas comienzan a presentar grandes irregularidades. Este jueves irán al Senado Nacional con el fin de hacer ley que los impuestos que hoy recauda el gobierno central, vaya directamente a los ejecutivos provinciales con el fin de no ver más erosionados sus presupuestos.
Hoy, en nuestro país, son 13 las personas que pierden sus vidas en las rutas nacionales, un porcentaje considerablemente mayor al de hace meses atrás. Mientras tanto el peligro “avanza”.
