En un fallo que marca un fuerte límite al Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno Nacional para validar de forma directa la reforma laboral. La decisión del máximo tribunal de declarar «inadmisible» el pedido implica que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma impulsada por Javier Milei deberá seguir los tiempos habituales en las cámaras de apelaciones del Trabajo y lo Contencioso Administrativo Federal. Este revés judicial ocurre en un escenario de creciente fragilidad política para el oficialismo, que buscaba una resolución rápida para consolidar sus acuerdos con el sector empresarial.
La resolución de los jueces supremos llega además en una semana crítica para el entorno presidencial, marcada por las repercusiones del denominado Adornigate y las denuncias sobre gastos injustificados de figuras clave del Gobierno. Al negarse a intervenir prematuramente, la Corte envía un mensaje político de distanciamiento, dejando al oficialismo sin el atajo legal que necesitaba para implementar los cambios laborales sin el filtro de las instancias inferiores. Con este escenario, el Gobierno de Milei se enfrenta a una demora judicial que podría extenderse por meses, profundizando la incertidumbre sobre una de las medidas centrales de su programa económico.
