La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja del Gobierno Nacional y dejó firme la medida cautelar que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).
El fallo técnico, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, exige la actualización inmediata de los salarios de docentes y no docentes, además de la recomposición de los programas de asistencia estudiantil.
La decisión judicial sepulta el Decreto N° 759/2025 con el que el presidente Javier Milei intentó congelar la norma argumentando falta de recursos. Aunque el Ministerio de Capital Humano ya había cedido parcialmente en la paritaria del 10 de junio para destrabar el conflicto —otorgando un incremento salarial y fondos de emergencia para hospitales universitarios—, este fallo clausura de manera definitiva la puja legal.
La Casa Rosada ya no tiene margen para dilaciones: de dónde salgan los fondos es un problema del Poder Ejecutivo, pero el dinero para la educación pública debe llegar.
