Un informe del IIEP (UBA-CONICET) reveló que las tarifas de luz, gas, agua y transporte equivalen al 15% del salario promedio registrado. El gasto en transporte lidera el impacto en el presupuesto familiar.
El costo de vida en la región metropolitana continúa su escalada impulsado por el fuerte reordenamiento de las tarifas reguladas. Según el último informe técnico publicado por el Instituto de Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que integran la UBA y el CONICET, un hogar promedio del AMBA necesitó en agosto un total de $289.622 al mes para cubrir la canasta básica de servicios públicos, lo que representa un aumento interanual del 54% en términos reales. Desde diciembre de 2023, la suba acumulada alcanza un impactante 944%.
Este paquete de gastos esenciales ya devora el 15% del salario promedio registrado (RIPTE), estimado actualmente en $1.993.280. La investigación detalla que la mayor presión sobre el bolsillo familiar ya no proviene de las facturas del hogar, sino del traslado diario de los trabajadores.
El desglose de los gastos de una familia tipo:
- Transporte Público: Se consolidó como el rubro más caro, demandando $123.726 mensuales (un 43% del total de la canasta). Este cálculo incluye los viajes mínimos necesarios para movilizarse en la región, donde el boleto mínimo de colectivo se ubica en $853 para la Ciudad de Buenos Aires y alcanza los $1.111 en los tramos interurbanos del Gran Buenos Aires. Por su parte, el pasaje de subte cuesta $1.684 y los trenes metropolitanos $420.
- Gas Natural: Un hogar de consumo medio (dentro del segmento N1 de mayores ingresos o sin subsidio) promedió facturas de $61.613 mensuales, lo que implica un incremento del 43% en la comparación interanual.
- Energía Eléctrica: Las boletas de luz para el mismo segmento de consumo alcanzaron los $61.308 al mes.
- Agua Potable: El servicio prestado por AySA demandó un pago promedio de $42.975 mensuales, reflejando un alza interanual del 38%.
El informe concluye señalando el fuerte retroceso de las partidas del Estado Nacional: con la reducción de los subsidios económicos a las empresas prestatarias, los usuarios del AMBA pasaron a cubrir de forma directa el 55% del costo real de los servicios, mientras que el 45% restante es absorbido por el sector público.
