El oficialismo y sus bloques aliados lograron desactivar el primer intento de la oposición dura para interpelar en el recinto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados fracasó al reunir solo 117 legisladores, quedando a doce bancas del quórum mínimo.
Tras un acuerdo político articulado por Martín Menem con el PRO, la UCR y sectores provinciales, la casta pareció cerrar filas para blindar provisoriamente al funcionario. A cambio, La Libertad Avanza aceptó habilitar el debate la próxima semana en la comisión de Asuntos Constitucionales, una maniobra que estira los plazos institucionales por al menos quince días.
El escándalo patrimonial que acecha al jefe de Gabinete sumó así un nuevo capítulo tras semanas de máxima tensión. La polémica comenzó con las primeras denuncias por presuntas irregularidades y contradicciones en su declaración jurada de bienes.
El conflicto escaló rápidamente cuando la oposición denunció un presunto enriquecimiento ilícito, lo que forzó la presentación de múltiples proyectos de citación en el Congreso. A esto se sumaron las recientes y explosivas filtraciones periodísticas que debilitaron su posición pública, tales como las versiones de que Adorni amenazó con declarar como arrepentido ante la Justicia o los llamativos gastos suntuarios en plena crisis, como la compra de un pinball de colección de 8.000 dólares para su vivienda en un barrio privado.
Mientras la presión se traslada ahora al Senado —donde el funcionario deberá presentarse el próximo 2 de julio—, el Gobierno intentará desviar la atención legislativa hacia el debate del «Súper RIGI».
