En un trámite exprés que evidencia las prioridades del Ejecutivo, se oficializó la reforma laboral. Mientras el sistema de financiamiento universitario agoniza y las políticas de discapacidad sufren un recorte sin precedentes, el oficialismo logró imponer su agenda de «flexibilización» gracias a una estructura de alianzas políticas que priorizó la caja de las provincias por sobre el bienestar de los trabajadores.
La normativa, ya vigente, introduce tres cambios que alteran la relación histórica entre capital y trabajo:
- Fondo de Cese Laboral (FAL): Se habilita el reemplazo de la indemnización por despido por un fondo de cese. Esto traslada el costo del despido al propio sistema productivo o al trabajador, facilitando las desvinculaciones sin el «costo» punitorio que antes protegía la estabilidad del empleo.
- Vacaciones: Bajo el lema de la «modernización», se abre la puerta a negociaciones individuales o por convenio que podrían fragmentar el descanso anual, diluyendo la obligatoriedad del goce continuo que garantizaba un verdadero esquema de salud laboral.
- Banco de Horas: Es quizás el punto más polémico. Permite compensar horas extra con francos en lugar de pagarlas con los recargos de ley (50% o 100%). Esto le otorga a la patronal una disponibilidad total del tiempo del trabajador, eliminando el beneficio económico del esfuerzo adicional.
La celeridad del Gobierno no fue magia legislativa, sino el resultado de un pacto de gobernabilidad. Fue clave el acompañamiento de los bloques radicales y de los senadores y diputados peronistas del norte, quienes respondieron directamente a las órdenes de sus gobernadores.
Estos mandatarios provinciales, urgidos por partidas presupuestarias y obras públicas, canjearon los derechos de sus representados por acuerdos políticos de corto plazo. Sin el aval de estos sectores que supieron ser la base del movimiento obrero o del desarrollismo social, la reforma jamás habría visto la luz.
Resulta alarmante la velocidad con la que el Gobierno movió los hilos para desregular el mercado de trabajo, en contraste con la parálisis total para actualizar el presupuesto de las universidades nacionales o atender la crisis del sector discapacidad. Para el Ejecutivo, la urgencia es quitar derechos; para la educación y la salud, el reloj siempre parece estar detenido.
