La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado un giro crítico tras revelarse nuevos datos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales vinculadas a la fiscalía de Gerardo Pollicita, el levantamiento del secreto bancario permitió confirmar la existencia de operaciones con criptoactivos que el funcionario omitió en sus presentaciones oficiales ante la Oficina Anticorrupción. La investigación, que busca determinar el origen de fondos para gastos y adquisiciones que no coincidirían con sus ingresos declarados, recibió reportes de diversas plataformas de intercambio que confirman flujos de entrada y salida de capitales durante el ejercicio 2024.
A pesar de que Adorni reportó un patrimonio neto superior a los 107 millones de pesos en su última declaración jurada, los investigadores detectaron que estos movimientos en billeteras virtuales no fueron consignados, lo que agrava su situación procesal. El escándalo escaló en la última semana tras conocerse detalles sobre la compra de una propiedad en un exclusivo country, la cual habría sido financiada mediante una hipoteca privada de 100 mil dólares otorgada por dos personas jubiladas, sumado a otros 20 mil dólares de fondos propios. Esta inconsistencia patrimonial ha generado fuertes tensiones dentro del Poder Ejecutivo, donde figuras como Patricia Bullrich han solicitado públicamente la actualización inmediata de su declaración jurada de bienes.
El equipo legal del funcionario ha demorado la presentación de la nueva documentación patrimonial, mientras la fiscalía profundiza la búsqueda de nexos entre las cuentas de Adorni, su esposa Betina Angeletti y la sociedad familiar MasBe. La sospecha de los investigadores es que la demora en la entrega de la declaración jurada 2025 responde a una estrategia de defensa para intentar encuadrar los nuevos hallazgos financieros antes de oficializarlos. Por el momento, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete, a pesar de que el avance de la causa por corrupción y el testimonio de contratistas sobre refacciones millonarias en su vivienda han puesto al funcionario en el centro de una crisis política que sacude los cimientos de la gestión nacional.
