El informe abre con un dato escalofriante: “Desde la asunción del secretario Alberto Baños en diciembre de 2023, la planta de trabajadores se redujo drásticamente, pasando de 1050 personas a solo 540 en enero de 2025.”
Esta cifra da cuenta del ataque del gobierno de Javier Milei a las políticas de Memoria Verdad y Justicia. El recorte brutal en esta secretaría no es por falta de apego a estas políticas, sino un ataque directo y una peligrosa amenaza hacia el futuro.
Es un topo y está dentro del estado. Sin estado, no hay garantía alguna de nada.
EL informe detalla la situación en cada área que compone la secretaría, desde la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, pasando por el Centro Cultural Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria, el Registro de Víctimas del Terrorismo de Estado hasta recortes de salarios y falta de designaciones.
El informe agrega los datos sobre despidos, la endeble situación de aproximadamente 140 trabajadoras y trabajadores, que esperan se efectivicen sus pases desde el ex INADI y el ex Ministerio de las Mujeres.
Además, señala que “entre marzo y septiembre de 2024, hubo 146 despidos y 68 reincorporaciones. Además, se suman 256 desvinculaciones, incluyendo despidos y aceptaciones del plan de retiros forzosos. Es preocupante que quienes no adhirieron al plan de retiros fueran despedidos.”
Este detallado informe fue entregado alas y los diputados de Unión por la patria Brenda Vargas; Natalia Zaracho, Hugo Yasky; Paula Penacca; Juan Marino; Daniel Gollán; Germán Martínez; Mónica Macha y Lorena Pokoik; Mario Roberto Manrique y Eduardo Valdez.
Desde ATE Capital afirmaron que es “inaceptable que estas acciones se hayan llevado a cabo en un contexto de incremento de la presencia policial en el edificio central de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), un lugar simbólico de la lucha por los derechos humanos en Argentina”.
