Bajo la gestión de Javier Milei, la mesa de los argentinos sufre una transformación drástica. Según los últimos datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo de carne vacuna cayó un 13,5% en enero, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 20 años.
Esta cifra no es solo un dato estadístico; es el reflejo de una política económica que prioriza las divisas extranjeras sobre el poder adquisitivo local. Mientras el asado se vuelve un objeto de lujo en las carnicerías de barrio, el sector exportador vive una realidad paralela.
La paradoja del modelo libertario se hace evidente en los puertos. Mientras los argentinos reducen su ingesta de proteína animal, las exportaciones de carne crecen sostenidamente, impulsadas por la demanda de mercados como Estados Unidos e Israel.
Para el Gobierno, este es un éxito de su agenda de desregulación y apertura comercial. Sin embargo, desde una mirada crítica, se observa una transferencia de recursos: el mercado interno queda desprotegido frente a precios internacionales que el salario promedio, pulverizado por la inflación de los últimos meses, no puede alcanzar.
El promedio de consumo por habitante retrocedió a niveles que no se veían desde las crisis más profundas del país. La eliminación de cupos y trabas a la exportación incentiva a los productores a mirar hacia afuera, desabasteciendo o encareciendo el mercado doméstico. La carne, componente central de la cultura y la dieta argentina, está siendo desplazada por sustitutos de menor valor nutricional debido a la pérdida de poder de compra.
La política económica de Milei parece consolidar una Argentina de dos velocidades: una competitiva y exportadora que factura en dólares, y otra que, frente al mostrador, debe elegir entre pagar el alquiler o comprar un kilo de carne. La pregunta que queda flotando es cuánto tiempo es sostenible un equilibrio fiscal que se apoya en el vaciamiento del consumo popular.
