El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió a ejecutar una maniobra de asfixia contra la provincia de Buenos Aires al denegar el aval para un financiamiento internacional de USD 270 millones. Este fondo estaba destinado a construir una planta de tratamiento de líquidos cloacales clave para la región del Gran La Plata. Sin la firma obligatoria del Estado nacional, el proyecto quedó completamente paralizado.
Una infraestructura vital para un millón de bonaerenses
La obra sanitaria fue diseñada para solucionar el déficit estructural de La Plata, Berisso y Ensenada, distritos que sufren un colapso en sus redes debido al crecimiento demográfico. El proyecto pretendía garantizar el servicio y abastecer a más de 1,3 millones de personas durante los próximos 50 años.
Para justificar este freno, la administración de Javier Milei alegó limitaciones en los cupos de endeudamiento externo. Sin embargo, desde el Ministerio de Infraestructura provincial comandado por Axel Kicillof desmintieron los argumentos teóricos. Aseguraron que la provincia mantiene un nivel de ejecución sostenido y denunciaron que la Casa Rosada traba intencionalmente las autorizaciones externas de otros créditos ya adjudicados.
La estrategia libertaria de ahogo a las provincias
El bloqueo obliga al gobierno bonaerense a una encrucijada presupuestaria. Afrontar los $450.000 millones necesarios con recursos propios implicaría sacrificar el 70% de la inversión real directa estipulada para 2026. Esta situación forzaría la postergación de decenas de obras viales, hidráulicas y de agua potable en otros municipios de la provincia.
En La Plata leen esta movida como una muestra más del desprecio libertario hacia la obra pública y el bienestar social. La Casa Rosada prefiere utilizar los recursos del Estado con fines políticos antes que avalar créditos internacionales que no le cuestan un peso al Tesoro nacional, afectando directamente las condiciones de salud y saneamiento de millones de argentinos.
