La Justicia ordenó el allanamiento simultáneo de al menos una veintena de casas de dirigentes y militantes sociales, durante la madrugada, distintos operativos se hicieron presentes en varios domicilios de referentes sociales.
La idea fue disparada desde el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, en total sintonía con Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, y el resultado es, por un lado, el amedrentamiento para erosionar la militancia social, por el otro, montar un espectáculo mediático.
Los dos motivos son altamente peligrosos y golpean los cimientos de nuestra democracia.
Analía del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), en la Coordinadora por el Cambio Social, señaló en una entrevista con el portal Canal Abierto: “Cayeron en la casa de dos compañeros que viven en Capital y uno en provincia. La causa es la misma, alegan ‘Coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública’, y es del Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Martín Smietniansky”.
“Por suerte están todos bien, no los detuvieron. Les secuestraron los celulares y computadoras. En el caso de Charly (Fernández, referente del FOL), la situación fue bastante violenta. Los agentes de la Federal le gritaban a su compañera: ‘vos vas a las marchas. Tu marido va a las marchas’. Estaban ellos dos con sus hijos”, relató la vocera.
Según destacó el mismo medio, comenzaron a cirular mensajes de allanamientos a referentes de otras organizaciones y, de acuerdo a un artículo publicado por Infobae, de fuente judiciales o policiales, son 27 las órdenes de allanamiento libradas.
“Estuve hablando con compañeros de otras organizaciones, la causa es la misma, es una causa federal enmarcada en la respuesta a la movilización del 20 de diciembre del 2023”, explica Analía.
Estos procedimientos son el resultado de la implementación de la línea 134, la cual fue habilitada para que de forma anónima, puedan denunciar a referentes sociales.
