El proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2027 ratifica la continuidad y profundización de la matriz de ajuste implementada por la administración nacional. Los sectores científico-tecnológicos y educativos, que arrastran devaluaciones en sus partidas desde diciembre de 2023, sufrirán severas mermas presupuestarias en términos reales.
Retroceso real en el sector científico
Organismos clave como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i recibirán partidas atadas exclusivamente a la inflación del 18% prevista por el oficialismo. Cualquier desvío de dicha meta inflacionaria se traducirá en una nueva pérdida de capacidad de financiamiento real. Esto ocurre sobre una base salarial y operativa que ya registra un retroceso del 35% desde el inicio de la actual gestión.
La situación es sustancialmente más crítica para los institutos tecnológicos de desarrollo productivo:
- INTA: Sufrirá una quita nominal directa del 12,4% para 2027. Su recorte real acumulado desde 2024 supera el 43%.
- INTI: Registrará una caída nominal del 5,2%. Presenta un achicamiento real acumulado cercano al 49%.
ambas dependencias estatales ya han experimentado reducciones masivas de personal y parálisis de recursos operativos.
Conflicto universitario y control de fondos
Para las universidades nacionales, el Ejecutivo asignó un total de 7,34 billones de pesos. La cifra se encuentra muy por debajo de los 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones. El desfasaje proyectado supera los 3,6 billones de pesos.
A este recorte económico se suma la introducción de una cláusula regulatoria en el Capítulo II del proyecto. Esta disposición faculta al Poder Ejecutivo a suspender de forma directa las transferencias financieras si las casas de altos estudios no detallan minuciosamente la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano. Los rectores universitarios denunciaron una vulneración explícita a la autonomía universitaria protegida por ley y anticiparon un escenario de alta conflictividad gremial y estudiantil frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
