Cristian Rivaldi, el policía que gaseó a una niña de 10 años y a su madre, fue condenado por el juez Daniel Rafecas a un año y tres meses de prisión en suspenso.
“Ahora vamos por Bullrich”, dijeron los querellantes al enterarse de la pena para el policía violento y cobarde que gaseó a la menor el 11 de septiembre de 2024, durante una manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación.
Por el ataque, la niña debió ser trasladada de urgencia al Hospital Santa Lucía, donde recibió atención especializada por conjuntivitis química. Lo primero que hizo el Ministerio de Seguridad, entonces liderado por Patricia Bullrich, fue responsabilizar a la madre de la menor por llevarla a la marcha. Lo peor fue la maniobra en la que participaron algunos medios y muchos militantes de la ultraderecha en redes sociales, donde difundieron un video falso que culpaba a los propios manifestantes por la agresión, una operación que quedó en evidencia a las pocas horas.
La reacción de la entonces ministra de Seguridad —hoy senadora nacional— consistió en recorrer cuanto canal y radio afín hubiera para denunciar supuesta violencia por parte de los adultos mayores que protestaban. El dispositivo represivo desplegado por el gobierno de Javier Milei ya había dejado decenas de personas detenidas y heridas en movilizaciones anteriores; por entonces, todavía no había ocurrido el brutal ataque al fotoperiodista Pablo Grillo.
Dictaron un año y tres meses de condena para este efectivo, pero aún resta que decenas de agentes paguen por la violencia institucional ejercida y que la Justicia no esquive la responsabilidad política de Patricia Bullrich. Fue un ataque contra una niña de 10 años; fue —y sigue siendo— un brutal ataque contra la democracia.
