El gobierno de Javier Milei avanza con su agenda de entrega y desregulación salvaje. Bajo la pomposa denominación de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» —enmarcada en la polémica Ley de Tierras—, el oficialismo busca habilitar los desalojos exprés. Esta medida, corporativa y cipaya, deja a millones de familias trabajadoras al borde de la calle para beneficiar exclusivamente a la especulación financiera e inmobiliaria.
¿Qué es el desalojo exprés y cómo afecta a quienes alquilan?
El núcleo duro del proyecto modifica de raíz el Código Civil y Comercial. El objetivo de la gestión libertaria es acelerar los plazos judiciales mediante un trámite sumarísimo. De este modo, ante cualquier retraso por la asfixia económica reinante, un propietario podrá iniciar la demanda con apenas diez días de intimación previa.
- Sin derecho a defensa: Solo se admitirán pruebas documentales y periciales, quitando herramientas básicas de protección legal al inquilino.
- Uso de la fuerza pública: La justicia podrá ordenar allanamientos, rotura de cerraduras y desalojos en días y horarios totalmente inhábiles.
- Crueldad explícita: La presencia de menores o adultos mayores desamparados apenas otorgará una tregua máxima de diez días, demostrando una total falta de sensibilidad social.
Esta reforma profundiza la vulnerabilidad generada tras la derogación del control de precios vía DNU 70/2023. Primero se liberaron los precios al antojo del mercado y ahora se pretende expulsar de forma exprés a quienes no puedan afrontar los aumentos.
Movilización popular contra la entrega del país
Ante el inminente debate parlamentario en el Senado, agrupaciones de inquilinos, sindicatos y sectores de la oposición convocaron a una marcha masiva frente al Congreso. La convocatoria busca frenar un proyecto entreguista que no solo facilita la extranjerización de los recursos naturales, sino que ataca directamente el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna.
