El Senado de la Nación rechazó finalmente los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, quienes habían sido nombrados por decreto por el presidente Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante redes de mensajería el ENAC hizo conocer su conformidad con el accionar institucional de la república, en este caso del poder legislativo, y recordó el comunicado del pasado 1° de marzo donde este colectivo de empresarios nacionales pymes rechazaba de plano el desembarco de estos jueces al máximo tribunal.
Desde el 10 de diciembre de 2023, día del desembarco del gobierno anarco libertario de Javier Milei, la estructura institucional del país comenzó a sentir los golpes de esta nueva administración. El DNU 70/2023 quizá fue la primera gran muestra del desapego de la gestión libertaria por la Constitución Nacional y el funcionamiento institucional.
En aquel momento el ENAC encendió las alarmas y meses después, cuando la Ley Bases comenzaba su tránsito por el poder legislativo y todo indicaba que sería aprobada, publicó un duro documento: “Un proyecto de ley conformado por la CASTA POLITICA que busca reformar integralmente al Estado de manera inconsulta con la sociedad y condicionados por el DNU 70/2023 vigente, pero rechazado por el Senado de la Nación, representa una agresión a la democracia y configura un escenario profundamente preocupante para los empresarios y empresarias pymes que hemos invertido en un marco jurídico determinado que ahora cambia para favorecer a las grandes empresas, fundamentalmente extranjeras”.
En aquel mismo documento se puntualizaba el rumbo a tomar del gobierno, después de estas dos embestidas institucionales (DNU70 y Ley Bases) y las consecuencias que traería: “Las dos experiencias neoliberales previas, terminaron con la crisis del 2001 en el caso del Menemismo y con 25.000 pymes cerradas en el caso del Macrismo en el 2019. ¿No la ven?”.
El reconocido periodista Mario Sadras entrevistó a Leo Bilanski, presidente del ENAC, en Radio Gráfica, allí Bilanski marcaba la diferencia entre las cámaras de las grandes empresas con el accionar y pensar del armado Pyme, apuntaba a la necesidad de formar una dirigencia empresarial con base en un programa de desarrollo para poder hacer frente al experimento neoliberal extra large que comenzó a desarrollarse en el país.
Marcamos estos dos puntos centrales en la administración Milei porque se muestran como fundacionales de un modelo que está lejos de tener reglas de juego claras y seguras y que apunta contra el desarrollo del trabajo, es decir, el desarrollo del corredor Pyme, el sector que más empleo genera en el país.
Una Corte Suprema, sumado a un poder legislativo cooptado por el poder financiero, que no actuó ante estos avances contra la integridad republicana, no puede ayudar al desarrollo nacional, todo lo contrario, lo golpea y lo erosiona dejando a cientos de familias al costado del camino.
El nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la CSJN era un eslabón más en el tránsito del gobierno de Milei desde una democracia a una autocracia.
“Rechazo a una casta judicial” fue el título del documento que partió desde ENAC hace unas semanas atrás, donde el colectivo rechazaba de plano el accionar del presidente Milei: “Las pymes argentinas, que representan el 80% del empleo privado y el motor de la economía nacional, necesitan reglas claras, previsibilidad y un marco institucional que garantice el cumplimiento de las leyes. El nombramiento arbitrario de jueces por decreto pone en riesgo la estabilidad del sistema judicial y genera un precedente extremadamente peligroso para la democracia argentina”.
“Desde la Constitución Nacional, en su Artículo 99, inciso 4, establece con claridad que el presidente puede nombrar a los jueces de la Corte Suprema solo con acuerdo del Senado. Esta disposición busca garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar la injerencia del Poder Ejecutivo en una de las instituciones fundamentales de la República”, señalaba aquel documento del 1° de marzo de 2025, y que La Matriz Noticias publicaba (Click aquí para ir a la nota), y agregaba: “Eludir este procedimiento mediante un decreto es una acción inconstitucional y autoritaria, que atenta contra la división de poderes y la estabilidad democrática del país”.
El ENAC exigió en ese documento que “se revoquen de inmediato los decretos de designación de jueces de la Corte Suprema, restableciendo el procedimiento constitucional para la selección de magistrados. Que el Congreso de la Nación actúe en defensa de la Constitución y de la independencia judicial, evitando que el Poder Ejecutivo imponga decisiones que comprometen la legalidad y la legitimidad de las instituciones y que se convoque a un amplio consenso político y social para debatir cualquier modificación en la integración de la Corte Suprema, sin atajos autoritarios que vulneren el Estado de Derecho”.
Ayer el Senado de la Nación dio un paso para celebrar, consiguió el Quorum, sesionó y rechazó Los pliegos de Lijo y Mansilla.
Para el ENAC “Nunca deberían haberse designado jueces para la Corte por decreto y menos debería haber asumido uno. Deberían haber sido rechazado en tiempo y forma y ahora Mansilla debería ser echado de la CSJN inmediatamente”.
