El escándalo patrimonial de Manuel Adorni ha cruzado un límite sin retorno. Mientras la Casa Rosada intenta blindarlo, la justicia avanza sobre una remodelación faraónica en el country Indio Cuá, financiada con dólares en efectivo, y un presunto intento de amedrentar al contratista para ocultar la verdad.
La situación judicial de Manuel Adorni se agrava minuto a minuto. Tras las revelaciones sobre la compra y remodelación de su casa en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), el Jefe de Gabinete quedó en el ojo de la tormenta. Según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, el funcionario pagó US$ 245.000 en efectivo por una obra que incluyó lujos como una pileta con mármol travertino y una cascada de 3.500 dólares.
Un «apriete» desesperado y el pedido de detención
La falta de escrúpulos alcanzó su punto máximo cuando se conoció que Adorni habría intentado «apretar» al contratista para que no declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita. Este presunto entorpecimiento de la justicia llevó a figuras como Marcela Pagano a solicitar formalmente su detención, bajo la premisa de que el funcionario está utilizando su poder para silenciar testigos clave en la causa por enriquecimiento ilícito.
La contraofensiva del Gobierno: denuncia a Tailhade
Como respuesta, el Gobierno lanzó una cortina de humo denunciando penalmente al diputado Rodolfo Tailhade por «espionaje ilegal». Acusan al legislador de difundir datos privados, aunque para muchos esta maniobra solo confirma que la información sobre los lujos de Adorni y su esposa es real.
Mientras la Casa Rosada insiste en que Adorni es víctima de una «operación», las pruebas de un crecimiento patrimonial que no cierra con sus ingresos declarados dejan al vocero en una posición moralmente insostenible. ¿Ética o estética? Como señaló Carlos Pagni, el escándalo de la cascada y el mármol no es solo un gusto «groncho», es la radiografía de un nuevo rico que se olvidó del ajuste que él mismo predica.
