Para la lógica libertaria el país necesita de desregulaciones para los grandes sectores económicos y todas las regulaciones posibles para los más vulnerables. El gobierno busca tener nuevos criterios para evaluar los grados de discapacidad y así otorgar, o no, pensiones no contributivas.
En este marco la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio a conocer la Resolución 187/2025, donde incluyeron expresiones como “idiota”, “débil mental” o “imbécil”, los cuales dejaron de tenerse presentes desde los estados por su enorme carga peyorativa y discriminatoria.
El anexo de la resolución clasificaba los distintos grados de discapacidad de la siguiente manera:
“0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”
“30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias…”
“50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias…”
“RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual.”
La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y otras entidades como ACIJ y el CELS rechazaron enérgicamente el contenido de esta resolución y expresaron su preocupación por el uso de un lenguaje que perpetúa el estigma hacia las personas con discapacidad, calificándolo como un retroceso en las políticas inclusivas del país.
Luego de conocidos estos rechazos la ANDIS dio marcha atrás asegurando que fue un error estas expresiones dentro de la resolución que dieron a conocer.
