La Cámara Federal de San Martín falló a favor de la apelación del Gobierno. Desde la UTEP denuncian complicidad judicial con el modelo económico libertario y se declaran en estado de alerta y movilización.
La Cámara Federal de San Martín dictó un fallo que marca un quiebre absoluto en la estructura de la economía popular argentina. Al revocar la medida cautelar que resguardaba el programa Volver al Trabajo (históricamente conocido como Salario Social Complementario), el tribunal dejó desamparadas a más de 900.000 familias a partir del próximo mes de agosto.
Este revés judicial representa un golpe certero y duro contra las organizaciones sociales, desmantelando de un plumazo los derechos laborales y de subsistencia conquistados tras años de lucha en las calles.
Una Justicia alineada con el poder económico
El fallo argumenta que sostener el pago del complemento salarial implicaría «adelantar el resultado final del juicio», una justificación técnica que ignora la urgencia social subyacente. Desde los sectores afectados advierten que la Justicia juega a ciegas, funcionando como un engranaje más del factor de poder económico y garantizándole un triunfo político clave al esquema económico del libertarismo.
Con esta decisión, el Ministerio de Capital Humano avanza de forma drástica en su plan de ajuste sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, utilizando el aparato judicial para convalidar el fin de un ingreso indispensable para la supervivencia diaria.
Alerta, movilización y plan de lucha de la UTEP
Frente a este escenario de emergencia, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) emitió un comunicado tajante donde se declaró en estado de alerta y movilización permanente.
«Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario», afirmaron desde el sindicato, remarcando la connivencia explícita entre los magistrados y el Ejecutivo nacional. En las próximas horas, las conducciones de los movimientos populares definirán las acciones gremiales y las movilizaciones para enfrentar esta quita de derechos en todo el territorio nacional.
