En una sesión marcada por la represión en las afueras del Congreso y una fuerte tensión en el recinto, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del miércoles la modificación de la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, el Gobierno de Javier Milei logró eliminar la protección que desde 2010 resguardaba las zonas periglaciares de la actividad extractivista.
La reforma sancionada desmantela el criterio único de protección federal. A partir de ahora, la potestad de definir qué zonas son explotables recaerá en las provincias, abriendo la puerta a la minería a gran escala en áreas sensibles que son, ni más ni menos, las reservas de agua dulce de las futuras generaciones.
Mientras Karina Milei celebraba desde los palcos y el Presidente festejaba en redes con un «MAGA. VLLC», especialistas y comunidades locales advertían que este retroceso pone en riesgo directo el abastecimiento de agua para más de 7 millones de personas.
La respuesta popular: La demanda colectiva más grande de la historia
Ante lo que consideran una «traición a la voluntad ciudadana», un bloque de organizaciones ambientales —integrado por Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Biodiversidad, entre otras— anunció el inicio de una demanda colectiva sin precedentes.
«La defensa del agua ya no está en manos del Congreso; ahora está en manos de la gente», sentenciaron las entidades. La iniciativa busca que la justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma, denunciando que en el proceso legislativo se ignoraron aportes científicos y se impidió la participación de más de 100.000 ciudadanos en audiencias públicas.
La batalla por la Pachamama se traslada ahora a los tribunales, en lo que promete ser un hito de resistencia civil contra la entrega de los recursos estratégicos del país.
