El avance de la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza ha dejado de ser una gesta de principios para convertirse en un burdo mercado de pases legislativos. Tras días de una confianza impostada, donde figuras como Patricia Bullrich aseguraban tener los votos blindados, la realidad se impuso: el oficialismo debió ceder ante la presión de los gobernadores para evitar un nuevo papelón parlamentario.
Negociaciones a puertas cerradas: Las 28 «correcciones» del ajuste
Para intentar garantizar la media sanción, el Ejecutivo aceptó introducir 28 modificaciones al proyecto original. Esta maniobra, lejos de ser el «equilibrio» que pregona Bullrich, evidencia la debilidad de un Gobierno que necesita desguazar su propia propuesta para que sea digerible.
Uno de los retrocesos más significativos fue la eliminación del capítulo que reducía el Impuesto a las Ganancias para las grandes corporaciones. No se trató de una epifanía de justicia social, sino de una capitulación necesaria: los gobernadores no estaban dispuestos a permitir que se licuaran aún más los fondos coparticipables en medio de un asfixiante recorte de recursos a las provincias.
El rol de la UCR y la resistencia en las calles
Como ya es costumbre, la Unión Cívica Radical (UCR) volvió a actuar como el brazo ejecutor de las políticas oficialistas, adelantando su voto a favor de una reforma que amenaza con precarizar derechos históricos. Mientras en los despachos de la Casa Rosada se brindaba por este acuerdo, el clima en las calles es radicalmente opuesto.
Este miércoles, una masiva movilización de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de oposición se concentra frente al Congreso Nacional. El mensaje es claro: la paz social no se negocia en una mesa de cambios de último momento.
Un escenario incierto en Diputados
Si el oficialismo logra sortear el Senado mediante estas concesiones, el verdadero calvario comenzará en la Cámara de Diputados. Allí, el escenario es mucho más fragmentado y complejo, y las 28 modificaciones prometidas podrían ser apenas el inicio de un desguace mayor de una ley que, bajo la promesa de «modernización», solo parece buscar el beneficio de los sectores concentrados del poder económico.
