Esta semana, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de reforma laboral que impulsan el libertarismo y las espadas más filosas de la derecha. Adrián Pérez, secretario general de la Seccional UOM Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, reflexionó sobre el transcurrir de estos días y los que quedan para que en Diputados se juegue la batalla “legislativa” final.
No son buenos tiempos para las y los trabajadores de la industria ni para ningún sector, salvo que sea parte del conglomerado de empresas que hoy juegan fuerte en el territorio de la economía primarizada. Para los metalúrgicos, en especial, las alertas comenzaron a sonar a pocos días de asumido el gobierno de Javier Milei: los anuncios de paralización de la obra pública, la brutal devaluación y el mega DNU 70/2023 fueron la antesala de este presente.
Desde la UOM comenzaron a escucharse voces críticas que buscaban, además de reclamar, alertar sobre la peligrosidad del modelo libertario; uno aggiornado y más ambicioso que aquel que aplicaron Menem y Cavallo en la década del 90. Pérez lo conoce, lo transitó como trabajador y sabe el saldo que dejó. Por esto, ha sido uno de los dirigentes que más empeño ha puesto en hacer rodar la «tuerca sindical» metalúrgica en las calles para resistir la embestida contra los derechos.
Para el dirigente, el proyecto fue difuso desde que fue presentado y, a las claras, había una intención de que así fuera. Un dato que refuerza esto es que, a horas de la media sanción, las y los periodistas que más militaron este debate se mostraron preocupados por los derechos que iban a perder; algunos que consideraban intocables, como la paga total ante una enfermedad o un accidente. Pero pudo más el eslogan y la puesta en escena: a la ley la llamaron «Ley de modernización laboral» y a muchos el título no les sonó amenazante.
“Esta ley de moderna no tiene nada. Quieren voltear la Ley de Teletrabajo, que es moderna y sirvió para salvar vidas durante la pandemia. Las y los trabajadores de las plataformas continuarán trabajando en negro. Son dos cosas fundamentales: una, tratan de dejarla sin efecto; y la otra, no la quieren resolver”, señaló al respecto el dirigente gremial.
Modernizar, si se busca en un diccionario o en la IA, es sinónimo de actualizar; es decir, resolver un problema poniéndolo al día, reformándolo o ajustándolo a los tiempos que corren. Sin embargo, las y los trabajadores que hoy buscan generarse un ingreso en una moto o en un auto, aun siendo parte de «lo moderno», quedan cada vez más afuera.
Para el sector metalúrgico las cosas no son distintas, vienen por los derechos: “Dicen ahora que se va a cobrar la indemnización en cuotas y, si existe un juicio que prolongue su ejecución, se tendrán otros valores de referencia, atacando de esta manera también a los profesionales que intervienen en esa demanda, como peritos y abogados. No veo en esto nada positivo para los metalúrgicos ni para ningún trabajador”.
Pérez anticipa lo que será seguramente —si es que Diputados la convierte en ley y el Gobierno la promulga— una catarata de presentaciones ante la Justicia: “Muchos de los artículos que hoy están pueden ser judicializados porque son inconstitucionales”.
“Es una reforma tan profunda que se contrapone con artículos de nuestra Constitución. Creo, sinceramente, que no se va a poder llevar adelante”, afirmó el metalúrgico.
Existe una explicación para que este proyecto pueda convertirse en ley con el apoyo de distintos gobernadores: el caudal de votos que obtuvo Javier Milei en octubre pasado. Aquella elección le da la posibilidad al libertarismo de buscar más reformas de las ya aplicadas en tan solo seis meses de gobierno (corrección: mencionabas dos años, pero el gobierno es reciente) y con total legitimidad democrática. Lo que se dice, un tiro en el pie de toda la sociedad.
En este sentido, Pérez rescata: “Los delegados de base, por lo menos a los que yo represento, en su gran mayoría pueden tener la conciencia tranquila porque trabajaron el rechazo a la ley en sus fábricas y marcharon en las calles por cada derecho que nos quieren sacar”.
Al mismo tiempo, el secretario subraya la heterogeneidad ideológica en la clase obrera: “Yo veo trabajadores entregados que todavía no entienden el daño que este gobierno ha hecho desde el 10 de diciembre de 2023. Ellos son los gestores de la caída del poder adquisitivo de los salarios; así no se puede más”.
Pone el acento, además, en el dispositivo represor del Gobierno para conformar una plataforma de aceptación social a su discurso “anticasta”. Recuerda que el propio Milei comenzó con amenazas contra quienes protestaran y cómo ese discurso permeó en las fuerzas de seguridad: “Para mí es una cobardía utilizar las fuerzas de seguridad del Estado transformándolas en represoras. No sé qué placer les puede dar pegarle a los trabajadores y a los jubilados”. Detrás de este comportamiento, Pérez ve “gente que no está normal, que festeja cuando el presidente dice ‘se la vamos a dar’”.
“Interpreto que estamos ante un hecho inédito en nuestra historia: que en democracia se reprima de manera brutal al pueblo. Ni siquiera el macrismo llegó a los niveles de este gobierno, donde además te dicen sin ningún problema que les da placer reprimir”, agregó.
Mirando al futuro, Pérez entiende que “si no hay fraude o una intervención colonizadora, este gobierno en diciembre de 2027 tiene fecha de vencimiento, porque va a llegar con el pueblo trabajador muerto de hambre”.
El Senado ya dio media sanción y resta saber qué sucederá en la Cámara de Diputados, pero también cuál será el nivel de resistencia popular y cómo definirán los sindicatos un plan de lucha. Adrián Pérez sabe que la calle es un lugar de disputa y que cada fábrica es un ámbito de debate. La UOM transita momentos difíciles por los cierres de empresas y suspensiones, posicionándose al frente de una férrea resistencia para intentar torcer un destino que, dentro del palacio legislativo, parece avanzar sin freno.
